Congresistas sobre gastos por bicameralidad en el Congreso

Congresistas opinaron sobre contratos para instalar la bicameralidad en el Parlamento
Congresistas de diversas bancadas se han pronunciado sobre los gastos vinculados a la implementación de la bicameralidad, asegurando que estos forman parte del proceso de instalación y adecuación del nuevo modelo legislativo. Aunque algunos contratos han generado controversia por sus altos montos, los parlamentarios señalan que se trata de costos esperados dentro del margen presupuestal aprobado.
Muñante justifica gastos por bicameralidad
El congresista Alejandro Muñante, por su parte, afirmó que la instalación de una segunda cámara inevitablemente implicará gastos, pero que estos están contemplados dentro del 0.6% del presupuesto del Congreso. Señaló además que el problema de espacios en el Parlamento ya es evidente con una sola cámara, por lo que era lógico prever costos para habilitación de ambientes.
“Si con una sola cámara ya hay escasez de salas, imaginen con dos”, expresó en entrevista con Canal N. Muñante explicó que se ha tenido que programar reuniones con semanas de anticipación por la falta de espacios, lo que se agravaría con el funcionamiento del Senado.
Evaluarán contratos y pedirán información
Sobre los contratos más comentados, que alcanzan los 90 millones de soles, Muñante indicó que es necesario contar con un estudio de mercado para determinar si los montos están justificados. "Llaman la atención, pero podrían estar dentro del rango. Hay que revisar los costos del mercado", señaló.
Agregó que su bancada se mantendrá atenta a los gastos que se ejecuten en el marco de la implementación de la bicameralidad y solicitarán la información necesaria para evaluar su razonabilidad.
Plantea cambios para sancionar directamente desde la Mesa Directiva
Respecto a la denuncia contra el congresista Waldemar Cerrón, acusado de gestionar contratos en favor de un alcalde vinculado a sus cuñados, Muñante dijo que cualquier caso que involucre beneficio directo a familiares debe ser investigado. “Si se confirma un direccionamiento, podríamos estar hablando de un delito”, advirtió.
Criticó además la ineficiencia de la Comisión de Ética, y reveló que ha propuesto un proyecto de ley para que, en casos graves o flagrantes, la Mesa Directiva tenga la facultad de sancionar directamente a los congresistas involucrados. "Necesitamos un mecanismo más rápido. La Comisión no ha dado los resultados esperados", concluyó.