Corte Suprema confirma prisión preventiva contra Pedro Castillo
Pedro Castillo continuará en prisión preventiva tras fallo de la Corte Suprema que rechazó la apelación de su defensa
La Corte Suprema confirmó la vigencia del mandato de prisión preventiva que se impuso al expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. De esta forma, el exmandatario continuará recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Castillo. Su abogado buscaba que se revoque la resolución del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien en junio rechazó el pedido de cese de la prisión preventiva para reemplazarla por comparecencia con restricciones.
Argumentos de la defensa y respuesta del tribunal
La defensa cuestionó la participación de fiscales adjuntos en las audiencias, alegando que la competencia correspondía a fiscales supremos designados por la Fiscalía de la Nación. Según su planteamiento, esta irregularidad afectaba la validez del proceso.
No obstante, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín consideró que no existe vicio alguno en la intervención de fiscales provisionales o adjuntos. En su resolución, citó el artículo 154 del Código Procesal Penal, que impide retrotraer actuaciones procesales a etapas ya concluidas. “Los motivos del recurso de apelación no pueden prosperar”, señaló la sala.
El colegiado también recordó que el cese de la prisión preventiva solo procede cuando aparecen nuevos medios de prueba o investigación que demuestren que no subsisten los motivos que originaron la medida, de acuerdo con el artículo 283 del CPP.
Acusaciones contra Pedro Castillo
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado una pena de 34 años de prisión e inhabilitación por 3 años y 6 meses contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en agravio del Estado y la sociedad.
A este proceso se suma otro mandato de prisión preventiva vigente contra el exjefe de Estado por el presunto delito de organización criminal y otros cargos vinculados a los casos acumulados de Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
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