Defensoría pide intervenir en hábeas corpus de Betssy Chávez

La Defensoría del Pueblo solicitó ante el Tribunal Constitucional (TC) su intervención en el proceso de hábeas corpus presentado a favor de la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez. La institución pidió ser admitida en calidad de amicus curiae, con el objetivo de aportar una apreciación jurídico-técnica que contribuya al debate sobre el caso.

La entidad fundamentó su intervención en la necesidad de reafirmar garantías constitucionales vinculadas al respeto de los plazos de la prisión preventiva, la protección de la libertad personal mediante el hábeas corpus y el principio de igualdad ante la ley.

El documento fue remitido al Tribunal Constitucional como parte de su rol de supervisión de derechos fundamentales.

Intervención de la Defensoría del Pueblo

En su escrito, la Defensoría destacó que el respeto a los plazos de la prisión preventiva es una garantía indispensable frente a la arbitrariedad y un resguardo de la presunción de inocencia.

Asimismo, subrayó que el hábeas corpus cumple un rol esencial en la defensa de la libertad personal y debe actuar como un mecanismo célere y eficaz.

El amicus curiae presentado busca que el Tribunal Constitucional tenga en cuenta estos principios en la evaluación del caso de Betssy Chávez.

Según el documento, la finalidad es contribuir al debate iusfundamental y, de ser el caso, a la tutela del derecho presuntamente vulnerado.

La Defensoría del Pueblo también resaltó la importancia del principio de igualdad ante la ley, que asegura un trato jurídico uniforme sin privilegios ni discriminaciones arbitrarias.

Contexto del caso de Betssy Chávez

Betssy Chávez cumple prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, en el marco de un proceso judicial por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando se produjo la crisis institucional tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

El proceso de hábeas corpus fue presentado en su favor para cuestionar la legalidad de su detención preventiva. La causa se encuentra en evaluación por el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la validez de los argumentos.

La solicitud de la Defensoría marca un nuevo capítulo en este expediente, en el que se discute la pertinencia de la medida cautelar impuesta contra la exjefa de gabinete.

Situación penitenciaria y huelga de hambre

El Instituto Nacional Penitenciario informó el 25 de agosto que Betssy Chávez inició una huelga de hambre seca y rechazó dos evaluaciones médicas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la interna se negó a una revisión inicial y a la medición de signos vitales, pese a que se le advirtió sobre los riesgos clínicos.

Ante esta situación, Chávez firmó un consentimiento informado en el que constaba su negativa a recibir atención médica.

El INPE dispuso el monitoreo permanente de su estado físico, activando protocolos aplicables en casos de huelga de hambre prolongada.

La institución señaló que tanto la Fiscalía de Prevención del Delito como la propia Defensoría del Pueblo fueron notificadas sobre la decisión de la interna, con el fin de garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.

Argumentos de la interna y denuncias

El abogado de Chávez difundió un manuscrito en el que ella explicaba que la huelga de hambre era una protesta por lo que consideraba una falta de protección dentro del penal.

Señaló que había solicitado el traslado de otras internas a quienes vinculaba con colaboraciones previas con Sendero Luminoso y que, según su versión, representaban una amenaza para su seguridad personal.

En el escrito también afirmó que la situación había sido denunciada previamente, sin que se adoptaran medidas. La exjefa de gabinete manifestó su desconfianza en los procesos internos del penal, alegando que las mismas autoridades que debían investigar eran responsables de las supuestas irregularidades.

Entre las funcionarias mencionadas por la interna se encuentran la jefa de seguridad, la directora del penal y personal de la Oficina del Órgano Técnico de Tratamiento.

Pedido de traslado y respuesta del INPE

Chávez solicitó junto a dos internas más ser trasladada a otro establecimiento penitenciario de forma conjunta. Sin embargo, el Código de Ejecución Penal establece que este tipo de solicitudes deben presentarse de manera individual.

El INPE informó que el pedido se encuentra en evaluación por la Oficina Regional Lima. En paralelo, comunicó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que no se hallaron pruebas que corroboren las denuncias de amenazas o maltratos contra la interna.

El jefe del INPE, Iván Paredes, precisó que la decisión sobre el traslado no depende únicamente de su despacho, pero confirmó que se aplican protocolos de vigilancia permanente sobre la situación de la exjefa de gabinete.

Vigilancia y control institucional

Durante una audiencia judicial reciente, Chávez manifestó que existen restricciones para comunicarse con autoridades externas después de las seis de la tarde, lo que, según afirmó, dificulta la atención de eventuales emergencias.

Las instituciones competentes, entre ellas la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito, mantienen seguimiento sobre su situación penitenciaria. El INPE, por su parte, ha ratificado que continuará aplicando los protocolos establecidos y ha informado periódicamente sobre el estado de la interna.

El proceso judicial que se sigue en el Tribunal Constitucional respecto al hábeas corpus marcará un punto decisivo sobre la legalidad de la medida de prisión preventiva impuesta contra Betssy Chávez.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional intervenir como amicus curiae en el hábeas corpus de Betssy Chávez, resaltando garantías sobre prisión preventiva, libertad personal e igualdad ante la ley. La exjefa de gabinete permanece en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde inició una huelga de hambre seca y rechazó dos evaluaciones médicas. El INPE informó que su estado es monitoreado de forma permanente y que su pedido de traslado a otro penal se encuentra en evaluación.