Defensoría del Pueblo: Más de 300 protestas se registraron en mayo

En mayo, las acciones colectivas de protesta en el país aumentaron un 43 % respecto al mes anterior, según reportes de la Defensoría del Pueblo.

El vocero de la institución, Luis Alvarado, explicó que se registraron 312 protestas en este periodo, lo que refleja una tendencia al alza en la conflictividad social a pesar de la reducción general de conflictos sociales durante el año. 

Los motivos de estas protestas son variados, incluyendo demandas laborales, mejoras en el acceso a servicios públicos, infraestructura local y cuestionamientos a autoridades locales y regionales.

Los lugares que registraron mayor número de protestas fueron Lima Metropolitana (47), Piura (23), Cusco (22), Arequipa (21), Junín (21), Puno (20), entre otros.

Protestas relacionados con actividades mineras

Un significativo 35% de los 209 conflictos sociales registrados están relacionados con actividades mineras, lo cual subraya la importancia de esta industria en la dinámica de las protestas. 

En relación con el polémico proyecto minero Tía María en Arequipa, Alvarado informó que, aunque el proyecto cuenta con los permisos necesarios para operar, aún enfrenta oposición de un sector de la población en la provincia de Islay, quienes han planificado protestas para julio.

Sin embargo, el vocero de la Defensoría resalta que no se han registrado acciones recientes de la misma magnitud que en años anteriores. 

La Defensoría también registró incidentes de violencia relacionados con la minería ilegal en regiones como Madre de Dios y La Libertad, y conflictos en otras áreas del país como Puno y Apurímac, donde las comunidades locales se enfrentaron a empresas mineras y fuerzas del orden. 

Destacaron las protestas a nivel nacional realizadas por los sindicatos de trabajadores de EsSalud, docentes de escuelas públicas, trabajadores profesionales y técnicos del Ministerio de Salud, y bases sindicales de la Confederación General de Trabajadores del Perú.

La postura del gobierno, según Alvarado, ha sido de coordinación constante con la PCM y otras entidades para prevenir el escalamiento de conflictos y asegurar el cumplimiento de compromisos mediante mesas de diálogo y mediaciones. 

La Defensoría del Pueblo ha adoptado una postura preventiva y proactiva, buscando garantizar que las demandas de los manifestantes se atiendan oportunamente para evitar la escalada de conflictos.