Expertos rechazan franja informativa del Gobierno

El abogado penalista advirtió que esta medida "claramente viola la libertad de información"
La propuesta del Ejecutivo para implementar una franja informativa obligatoria en medios de comunicación ha generado fuertes críticas. El abogado constitucionalista Roberto Pereira advirtió que esta medida "claramente viola la libertad de información" y podría derivar en un mecanismo de propaganda gubernamental.
Propuesta de franja informativa del Gobierno genera rechazo
El debate surge en el contexto del estado de emergencia declarado en varias regiones del país debido a la creciente inseguridad ciudadana. Según la iniciativa del Gobierno, la franja informativa garantizaría que la población reciba información sobre las acciones oficiales en materia de seguridad. Sin embargo, diversos sectores, incluyendo la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), han expresado su preocupación.
Para Pereira, la medida busca "parametrar a los medios con información gubernamental", lo que atenta contra el derecho del ciudadano a recibir información diversa y sin condicionamientos. "No hay una franja informativa como se ha planteado, sino una imposición de contenidos desde el Gobierno, lo que se convierte en un riesgo para la libertad de prensa", señaló.
El especialista enfatizó que la difusión de información sobre seguridad ya es cubierta por los medios de comunicación de manera permanente, por lo que una franja informativa obligatoria no sería necesaria. "Los medios han venido denunciando los graves problemas de inseguridad, extorsiones y homicidios sin la necesidad de que el Gobierno imponga una línea editorial", agregó.
Desde la SNRTV, se advierte que esta medida podría derivar en una forma encubierta de propaganda oficial, limitando la pluralidad de enfoques en la información. "El público tiene derecho a recibir información variada y objetiva, no condicionada por intereses gubernamentales", manifestaron en un comunicado.
En tanto, el Ejecutivo sostiene que la franja informativa es un mecanismo necesario en el marco del estado de emergencia, permitiendo que la ciudadanía esté al tanto de las acciones de seguridad implementadas. No obstante, críticos de la propuesta insisten en que el Gobierno ya cuenta con sus propios canales oficiales para informar sobre su gestión, sin necesidad de intervenir en la línea editorial de medios privados.