INPE niega injerencia de Dina Boluarte en caso Martín Vizcarra
El INPE anuló la clasificación inicial de Martín Vizcarra por incumplir su normativa interna y conformó una nueva comisión técnica para definir su destino penitenciario.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descartó este miércoles cualquier tipo de injerencia por parte de la presidenta Dina Boluarte en la reclasificación del expresidente Martín Vizcarra. A través del comunicado oficial N° 042-2025-INPE, la institución subrayó que actúa con plena autonomía y que sus decisiones se toman en base a criterios técnicos y procedimientos internos establecidos por ley.
Vizcarra fue internado el pasado 14 de agosto en el penal de Barbadillo tras una orden de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial. Posteriormente, el INPE declaró nula la clasificación que permitió dicho traslado, por haberse detectado incumplimientos normativos en el proceso.
INPE asegura que actúa con independencia institucional
“El INPE rechaza tajantemente que la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, o alguna institución pública o privada tenga algún tipo de injerencia en este caso”, indicó el comunicado.
Además, precisó que la entidad es autónoma en cada una de sus decisiones y que su actuación se ajusta estrictamente al marco legal vigente.
La declaración se produce en medio de cuestionamientos públicos por la decisión inicial de ubicar al expresidente en el penal de Barbadillo, centro penitenciario reservado para exmandatarios.
La entidad busca así cerrar toda posibilidad de que se interprete una intervención externa en el procedimiento.
Clasificación inicial incumplió normativa penitenciaria
El mismo comunicado explica que la clasificación del 14 de agosto incumplió disposiciones internas del INPE. Vizcarra fue evaluado con un puntaje de 16, lo que, conforme a la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP, lo hacía elegible para un penal distinto al de Barbadillo, como Lurigancho.
El INPE fundamentó la nulidad de la clasificación en el Artículo 41° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el Decreto Supremo N° 015-2023-JUS y la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General.
Estos instrumentos legales, según se indicó, regulan la legalidad y validez de los actos administrativos penitenciarios.
Nueva Junta Técnica determinará penal definitivo
Para corregir la irregularidad, el INPE conformó una nueva Junta Técnica de Clasificación, compuesta por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social.
Esta comisión será la encargada de reevaluar el caso y determinar el destino penitenciario de Vizcarra conforme a las disposiciones vigentes.
Aunque el penal de Lurigancho figura entre las opciones, la institución no ha confirmado oficialmente si será el nuevo centro de reclusión del exmandatario.
Por el momento, Vizcarra continúa en el penal de Barbadillo bajo custodia.
Fundación judicial de la prisión preventiva
Martín Vizcarra cumple cinco meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones fiscales por los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.
La Fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador regional y ha solicitado una condena de 15 años de prisión.
El Poder Judicial justificó la medida por falta de arraigo familiar y laboral, considerando que su permanencia en libertad podría poner en riesgo el desarrollo del proceso. El traslado al penal se efectuó luego de completar los procedimientos médicos y administrativos requeridos.
Audiencias y proceso judicial en curso
El 19 de agosto, Vizcarra participó en una audiencia virtual por el caso Lomas de Ilo, donde explicó su ausencia anterior debido a su traslado penitenciario. Afirmó su disposición a colaborar con las diligencias judiciales desde el lugar donde se encuentre recluido.
Mientras tanto, la defensa del exmandatario ha señalado que no existen pruebas directas que lo vinculen con los actos ilícitos. El caso continúa en etapa de alegatos, y se espera que el tribunal defina nuevas diligencias procesales en los próximos días.
INPE reitera respeto al régimen penitenciario
El comunicado también enfatiza que la institución garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los internos, así como el cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley.
Indicó que continuará actuando conforme a sus procedimientos regulares para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos a su cargo.
La resolución fue firmada por el director de la Oficina Regional Lima y comunicada a otras unidades del INPE, incluyendo la Subdirección de Tratamiento Penitenciario y la Dirección del Establecimiento Transitorio de Lima, encargadas de la logística para cualquier eventual reubicación.
El INPE rechazó tajantemente que la presidenta Dina Boluarte tuviera alguna injerencia en la clasificación penitenciaria de Martín Vizcarra. La institución anuló el proceso anterior por incumplimiento de normas internas y conformó una nueva comisión técnica. Vizcarra cumple prisión preventiva en Barbadillo, pero podría ser reubicado. El INPE reiteró su autonomía y su compromiso con el respeto al régimen legal en todos los establecimientos penitenciarios del país.
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