Iván Meini: Allanamiento a Nicanor fue excepcional pero válido

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, enfrenta una nueva investigación fiscal por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo.  

La hipótesis fiscal sostiene que durante su gestión como ministro del Interior habría designado a allegados en cargos públicos para favorecer intereses privados. La indagación se formalizó a través de una carpeta fiscal distinta al caso “Los Waykis en la Sombra” e involucra a altos mandos policiales y operadores civiles. La Fiscalía realizó allanamientos en 14 inmuebles como parte de la recolección de pruebas. 

Los allanamientos realizados por la Fiscalía contaron con autorización del Poder Judicial. El exprocurador Iván Meini explicó en Canal N que esta medida solo puede ser aplicada si cumple con criterios de necesidad y proporcionalidad. Esto implica que la documentación buscada no podía obtenerse por otros medios menos invasivos. 

“Los allanamientos a catorce inmuebles realizados el día de ayer, hay que recordar que no es una autorización única y exclusiva del Ministerio Público. Eso lo autoriza o lo rechaza el Poder Judicial”, mencionó. 

La incursión incluyó inmuebles relacionados al ministro Santiváñez y al hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte. Aunque este último no está formalmente investigado, la ley permite el allanamiento de terceros vinculados a los hechos, siempre que haya indicios razonables y aprobación judicial. 

“No vería yo aquí una venganza política. La ley permite excepcionalmente y quiero poner énfasis en esto que de manera excepciona se pueda allanar el domicilio de una persona natural o jurídica que no está siendo investigada formalmente en una carpeta fisca”, sostuvo. 

El juez encargado debió acreditar previamente que la medida estaba sustentada en pruebas verosímiles y no en meras conjeturas. Las defensas tienen derecho a impugnar esta decisión y el proceso seguirá en evaluación en segunda instancia. 

“La ley permite el allanamiento de terceros vinculados a los hechos, siempre que haya indicios razonables y aprobación judicial”, precisó. 

Investigación fiscal

Según la tesis fiscal, la red habría usado su posición de poder para colocar funcionarios de confianza mediante órdenes de servicio, beneficiando intereses particulares, como en el caso de la minera El Dorado. 

Entre los supuestos integrantes de esta red figuran Gregorio Villalón, Máximo Ramírez, Yver Torres, Yesenia de la Cruz y Percy Tenorio. Este último habría sido contratado para defender a generales policiales por un monto cercano a un millón de soles, además de recibir pagos por la movilización de tropas hacia zonas de interés empresarial. 

La Fiscalía señala también que estos actos podrían configurar delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. La información se basa en testimonios de colaboradores eficaces y documentos previos a las diligencias realizadas. 

Recordemos que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, calificó el allanamiento a Nicanor Boluarte como una "vulneración del orden constitucional", alegando un uso indebido de la figura del “tercero vinculado”. No obstante, Meini precisó que esta figura es válida si se aplica conforme al marco legal vigente. 

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional determinó que solo la presidenta Dina Boluarte goza de inmunidad frente a investigaciones preliminares. Esta protección no alcanza a sus familiares ni funcionarios cercanos, por lo que las diligencias fiscales contra terceros continúan sin restricciones.