Julio Rodríguez: INPE sigue siendo legítimo pese a su jefatura

El abogado penalista Julio Rodríguez afirmó que la legitimidad institucional no debe ser cuestionada únicamente por la designación de una persona con antecedentes controvertidos. “Que tengamos un jefe en una institución que pueda ser cuestionable no significa que la institución en sí misma lo sea de manera global”, declaró al referirse al caso de Iván Paredes , actual jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), revelado en un reportaje de Cuarto Poder.

Rodríguez sostuvo que la estabilidad de entidades como el INPE se debe a la labor técnica de funcionarios de carrera y estructuras organizadas que garantizan el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, advirtió que designar a personas sin idoneidad ética sí representa un riesgo que puede erosionar la confianza pública en las instituciones.

El problema de fondo: ausencia de filtros normativos

Según explicó el penalista, la raíz del problema está en la inexistencia de criterios legales que exijan estándares éticos y personales mínimos para el ejercicio de cargos públicos. “En el país, el acceso a la función pública no tiene reglas categóricas sobre la idoneidad”, señaló, remarcando que la presunción de inocencia no puede ser una excusa para ignorar los antecedentes de quienes buscan ocupar posiciones de poder.

Rodríguez criticó que la figura del “cargo de confianza” se utilice como justificación para nombrar a personas con investigaciones fiscales en curso. Aclaró que estos nombramientos deberían estar respaldados no solo por competencias técnicas, sino también por una hoja de vida limpia que inspire confianza.

¿Designaciones como la de Iván Paredes comprometen la institucionalidad?

El penalista reconoció que, si bien el jefe del INPE tiene una función más directiva que operativa, su papel simbólico y jerárquico puede generar un impacto indirecto considerable. “La injerencia indirecta suele pesar mucho más, por eso es fundamental colocar a personas con idoneidad profesional, ética y moral”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que no se puede equiparar la existencia de denuncias previas a la función con las que surgen durante el ejercicio del cargo. A su juicio, las primeras comprometen la ética del nombramiento; las segundas, si bien deben investigarse, podrían deberse a represalias políticas o institucionales.

El Congreso como actor clave en la reforma

Rodríguez fue claro al señalar que el Congreso de la República es el órgano llamado a establecer nuevas vallas para el acceso a la función pública. No obstante, advirtió que muchos de sus miembros enfrentan procesos judiciales activos y, por tanto, no tienen interés en modificar el marco normativo.

El abogado subrayó que esta situación se ha repetido en distintos gobiernos, y que sin una legislación que regule estrictamente la idoneidad de los candidatos a cargos públicos, se seguirán repitiendo designaciones polémicas que afectan la percepción ciudadana.

“Votar bien también es una medida preventiva”

Como cierre, Rodríguez instó a la ciudadanía a ejercer un voto informado. Consideró que los electores deben revisar con detalle la hoja de vida de sus candidatos, incluso para los cargos legislativos, pues de ellos depende la futura calidad institucional del país. “El valor que cumple un funcionario público de servir a su comunidad exige que no tenga pendientes con la justicia”, concluyó.