Montoya alerta sobre pedido de archivo fiscal de Dina Boluarte

Una nueva denuncia se suma a la ya amplia lista de investigaciones abiertas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. 

Según el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, revelado en el programa “Cuarto Poder”, Boluarte y su hermano habrían solicitado a la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides el archivo de investigaciones por delitos tan graves como violación de derechos humanos y genocidio, relacionados con las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. 

En diálogo con Canal N, el exprocurador anticorrupción Iván Montoya consideró que este hecho amerita una indagación preliminar inmediata.  

Según su análisis, se trataría de una figura de cohecho activo, dado que la presidenta, en ejercicio de su función pública, habría solicitado un favor directo a quien tenía la competencia exclusiva para decidir sobre esas investigaciones. 

La gravedad del presunto pacto ilícito 

Montoya indicó que no es necesario que la promesa de archivar el caso se haya concretado para configurar un delito.  

Lo que la Fiscalía debe demostrar es la existencia de un pacto o acuerdo, por el cual la presidenta haya buscado que sus investigaciones sean desestimadas a cambio de una ventaja o favor político. Esto se convertiría en un caso de corrupción de alta complejidad y gravedad institucional. 

El jurista también subrayó que el caso en cuestión es el más grave que afronta Boluarte, al estar relacionado con posibles crímenes de lesa humanidad, figuras penales que no prescriben y que podrían ser perseguidas incluso después de su mandato. La presidenta, advirtió, deberá afrontar este proceso eventualmente y con total seriedad. 

El rol de Patricia Benavides en la denuncia 

El testimonio revelado no solo compromete a Boluarte, sino también a Patricia Benavides. Según lo dicho, la entonces fiscal habría solicitado como contrapartida la remoción de la jefatura de la Sunat, hecho que se concretó, para beneficiar supuestamente a su esposo, propietario de empresas con deudas tributarias. 

Montoya explicó que, si se logra probar esta parte del acuerdo, Benavides estaría ante un cohecho pasivo, dado que habría recibido un beneficio personal a cambio de no cumplir con su deber de investigar.

El exprocurador calificó este caso como “redondo” desde el punto de vista fiscal, siempre que se confirmen ambos elementos. 

Reposición de Benavides en duda 

Consultado sobre la inminente llegada de Benavides al Ministerio Público, Montoya fue tajante: mientras no haya una notificación oficial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), su reposición no puede concretarse.

Incluso con notificación, su retorno directo como fiscal de la Nación no procedería, pues el cargo fue asumido por la fiscal suprema Delia Espinoza. 

Montoya cuestionó además la validez de la resolución de la JNJ que anula su destitución, advirtiendo que esta podría carecer de sustento legal.  

En su opinión, el máximo a lo que Benavides podría aspirar es a ser repuesta como fiscal suprema, y solo la Junta de Fiscales Supremos podría decidir su eventual regreso al cargo principal.