TC prohíbe a congresistas aprobar leyes con iniciativa de gasto
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) estableció como criterio interpretativo vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dictaminó como criterio interpretativo vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto público. A través de la sentencia del expediente 00018-2023-PI/TC, el máximo organismo de interpretación constitucional precisó que los integrantes del Congreso de la República carecen de facultades legislativas para generar propuestas normativas que afecten el presupuesto anual o que impliquen un impacto financiero hacia el futuro.
La resolución declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 31232, disposición que modificaba las condiciones de reubicación para los ciudadanos de la Zona Baja del distrito de Belén, en la provincia de Maynas, región Loreto. El colegiado fundamentó su decisión en la vulneración de los principios de equilibrio presupuestario y las atribuciones exclusivas del Ejecutivo para conducir las finanzas del Estado.
Comisiones del Parlamento quedan supeditadas a informes de sostenibilidad emitidos por el Ministerio de Economía
El fallo del TC fija que cualquier proyecto de ley excepcional que involucre un incremento en el gasto público deberá coordinarse de manera obligatoria con el Ejecutivo. Para su trámite, las comisiones parlamentarias tendrán que requerir previamente un informe de sostenibilidad fiscal emitido por el órgano competente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, cada propuesta técnica deberá identificar con precisión la fuente de financiamiento mediante nuevos ingresos o reasignaciones presupuestales.
La sentencia lleva las firmas de los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández, registrando los votos singulares de Luz Pacheco y Manuel Monteagudo. Las nuevas directrices institucionales rigen para todas las causas evaluadas a partir de la publicación de la resolución, exhortando al Legislativo a adecuar sus reglamentos internos y al Ejecutivo a salvaguardar los derechos fundamentales de la población afectada en Belén.
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