Bolivia aprueba importación privada de combustible por crisis

El Congreso de Bolivia aprobó este jueves una ley de emergencia que autoriza la importación privada de combustibles, en respuesta a la creciente escasez que afecta a diversas regiones del país. La medida marca un cambio sin precedentes en el modelo de abastecimiento boliviano, históricamente centralizado en manos del Estado.

El texto legal permite que personas jurídicas privadas importen gasolina y GLP por un periodo de tres meses, sin el pago de impuestos y bajo supervisión estatal. Esto solo podrá aplicarse en los casos en que el Estado no pueda cubrir la demanda interna.

Estado sin dólares y crisis de abastecimiento

Durante años, la empresa estatal YPFB se encargó exclusivamente de importar combustibles a precios internacionales y venderlos subsidiados en el mercado interno. Sin embargo, la aguda escasez de dólares en el gobierno de Luis Arce ha impedido sostener ese modelo, generando colas de hasta seis horas para acceder al combustible.

Con esta norma, se rompe el monopolio estatal y se abre paso a una solución de emergencia frente a la crisis de abastecimiento. Se espera que la importación privada ayude a estabilizar la situación en las principales ciudades del país.

Medida coincide con inminente cambio de gobierno

La aprobación de la ley ocurre a pocos días de que Rodrigo Paz, presidente electo de centroderecha, asuma el poder el 8 de noviembre. Será el primer mandatario fuera del Movimiento al Socialismo (MAS) en dos décadas.

Aunque la medida fue aprobada bajo el actual gobierno, diversos analistas consideran que representa un adelanto del posible giro económico que impulsará la próxima administración.

Supervisión y precios de mercado

Según lo dispuesto, las importaciones se realizarán a precios de mercado, es decir, sin subsidios estatales. El control y regulación quedará en manos de agencias gubernamentales que deberán garantizar el cumplimiento de normas técnicas y de seguridad.

El cambio temporal, aprobado por el Legislativo, se presenta como una vía rápida para reducir la presión social generada por la escasez, aunque también anticipa un reordenamiento del rol estatal en la economía boliviana.