Condenan a prisión suspendida a los dos topógrafos colombianos

El Poder Judicial de Loreto dispuso la expulsión de los ciudadanos colombianos que ingresaron de manera ilegal al territorio peruano y realizaban trabajos de topografía en la frontera. La medida fue dictada por el juez de investigación preparatoria de Caballococha, César Vega, tras un proceso inmediato.

Los implicados, identificados como Carlos Fernando Sánchez Ortegón y John Willington Amia López, aceptaron los cargos y se acogieron a un acuerdo de terminación anticipada. El fallo determinó una condena de un año y cinco meses de pena privativa de libertad suspendida, además del pago de S/ 4,500 por reparación civil a favor del Estado.

Expulsión inmediata y prohibición de reingreso

Como medida complementaria, se dispuso la expulsión inmediata de ambos ciudadanos y la prohibición de reingreso al Perú por un período de cinco años. La Policía de Caballococha trasladará a los sentenciados a Migraciones en el distrito de Santa Rosa, provincia de Ramón Castilla, para concretar su salida hacia la ciudad de Leticia, en Colombia.

El juez precisó que los extranjeros quedaban en libertad bajo la condición de abandonar el país en las próximas horas. La defensa técnica se comprometió a efectuar el depósito de la reparación civil dentro de las 24 horas posteriores a la audiencia.

Intervención en Santa Rosa

Según informó la Fiscalía, los dos extranjeros fueron intervenidos en la localidad fronteriza de Santa Rosa, donde realizaban mediciones de terreno sin autorización ni permisos migratorios. La Fiscalía Provincial de Ramón Castilla abrió una investigación preliminar de siete días que confirmó la vulneración de la Ley de Extranjería y los controles migratorios peruanos.

Con las pruebas recabadas, el Ministerio Público solicitó la aplicación del proceso inmediato, mecanismo legal que permite acelerar sanciones en casos de flagrancia. El acuerdo fue aprobado por el juzgado en la audiencia realizada este miércoles.

Pago de la reparación civil

Durante la sesión judicial, se estableció un plazo para el pago de la reparación civil. La defensa informó que, por cuestiones bancarias y de conectividad en la zona, el depósito se realizará en las siguientes 24 horas, antes de que se ejecute la expulsión definitiva.

El caso cierra con la salida de los sentenciados del país, cumpliendo con la prohibición de retornar durante los próximos cinco años.