Confemin alerta que se vulneró proceso de formalización minera

El presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), Máximo Franco, confirmó que durante una reunión en Palacio de Gobierno, las autoridades “coincidieron en que se vulneró el debido proceso” de todos los mineros en curso de formalización.

Dicho reconocimiento se produjo en un encuentro con representantes de la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público y vinculados al sector minero, con el objetivo de evaluar y corregir la normativa existente, según indicó Franco.

El dirigente enfatizó que la reunión se realizó exclusivamente con mineros en proceso de formalización, rechazando categóricamente cualquier vínculo con mineros ilegales.

“Nosotros representamos a todos los mineros que quieren formalizar y que quieren ser legales […] descartamos a los mineros ilegales”, subrayó. Confirmó también que esa postura fue parte central del diálogo con las autoridades.

¿Qué concluido Máximo Franco sobre la reunión en Palacio de Gobierno?

Máximo Franco informó que después de dos horas de diálogo, y con la participación activa de todas las autoridades presentes, se acordó crear una subcomisión técnica de trabajo encargada de revisar y resolver de urgencia las leyes que, según él, “no deberían salir” o que se aplicaron sin el debido procedimiento.

Dijo que se reconoció la existencia de normas lesivas al proceso de formalización de más de 50 000 mineros, que han sido excluidos sin sustento técnico o con actos administrativos que infringen derechos, lo que a su juicio representa una vulneración de su derecho al debido proceso.

¿Qué rol tendrá esa subcomisión técnica?

Según Franco, esa subcomisión se instalará el próximo lunes 21 de julio a las 9 a. m., bajo la coordinación del Viceministro de Gobernanza desde la PCM. La comisión incluirá a especialistas técnicos acreditados por CONFEMIN, las entidades gubernamentales presentes y mecanismos de representación de los mineros afectados.

El objetivo es presentar una “solución definitiva” al conflicto antes del lunes siguiente y proponer mecanismos para que los mineros excluidos puedan reingresar al REINFO mediante la presentación de documentación requerida.

¿Cuál será el mandato de la subcomisión?

Franco señaló que la subcomisión revisará la validez técnica y jurídica de los decretos que han excluido a pequeños mineros. Mencionó que algunas normas se habrían aplicado de forma automática, afectando no sólo a los 50 000 iniciales, sino que se sumaron otros 18 000 mineros después de esas medidas.

Por esta razón, el subgrupo debe definir procedimientos para que los 68 000 mineros excluidos puedan presentar documentación y acreditar su permanencia en proceso de formalización, evitando “interdicciones indiscriminadas”.

¿Cuál fue el punto central en materia de interdicciones?

Franco enfatizó que las medidas de interdicción contra la minería ilegal deben continuar, pero no aplicarse sobre los mineros que están legalmente en proceso.

Afirmó que no se puede admitir la incursión de agentes del Estado para intervenir a mineros en posesión de REINFO, o con operaciones reconocidas en curso formal.

Definió que el objetivo es garantizar paz y tranquilidad durante el diálogo institucional, donde cada parte presentará documentación técnica con el fin de establecer un punto de equilibrio legal y terminar con el riesgo de interdicciones.

¿Cómo se plasmarían los compromisos alcanzados?

Franco anunció que en la reunión del próximo lunes se presentarán las propuestas formales de CONFEMIN para la revisión del marco normativo.

Dijo que todas las partes acordaron que debe resolverse de forma inmediata y que la comisión técnica continuará altas directrices para asegurar su cumplimiento.

El representante de los mineros artesanales indicó que la mesa servirá también para garantizar que las propuestas cuenten con respaldo técnico-jurídico necesario y que el Ejecutivo tenga fundamentos sólidos para eventual legislación al Congreso.

¿Qué impacto tendría nuevamente incluir a los mineros?

El dirigente contó que, con la reinstalación en el Registro Integral de Formalización Minera, los pequeños mineros recuperarían acceso a beneficios económicos y legales, como asistencia técnica, facilidades para exportación, y evitarían procesos sancionadores generados por exclusiones abruptas.

El mecanismo propuesto permitiría además ordenar la minería en contextos rurales y reducir la informalidad sin sacrificar derechos de quienes ya venían cumpliendo requisitos.

¿Qué postura institucional confirmó el presidente del PCM?

Minutos después de la reunión, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, oficializó la creación de un subgrupo técnico‑jurídico que incluirá representantes de gremios, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, el Viceministro de Gobernanza, y secretaría técnica de la PCM.

Arana aseguró que la instalación de este grupo no representará un retroceso en la lucha contra la minería ilegal y que las interdicciones continuarían contra actividades ilegales, pero sin perjudicar a los pequeños mineros en proceso de formalizarse.

¿Qué tareas específicas tendrá este grupo técnico?

El subgrupo deberá analizar las observaciones planteadas al marco legal por CONFEMIN y las autoridades presentes. En especial, revisarán los criterios utilizados para exclusión del registro, la legalidad de los actos administrativos y la necesidad de asistencia técnica para los mineros.

Esto servirá como base técnica para propuestas normativas que, posteriormente, podrían presentarse ante el Congreso, con la intención de construir un nuevo marco legal consensuado.

¿Cuál es la expectativa de los gremios?

CONFEMIN, a través de Franco, manifestó que todos los gremios presentes en la reunión respaldaron el acuerdo para mantener la lucha contra la minería ilegal, pero también pusieron en agenda la defensa de los mineros que cumplen procesos formales, evitando discriminación ni sanciones sin sustento.

El dirigente reiteró la importancia de generar confianza entre el Estado y los productores, señalando que la solución debe ser técnica y no política.