Diana Gonzales: Ley MAPE es un texto nocivo para el país

La congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, calificó como un texto nocivo para el país la propuesta legislativa de la llamada Ley MAPE, recientemente rechazada en el Parlamento. Durante una entrevista en N Portada, la legisladora de Avanza País sostuvo que el predictamen promovía la legalización de la informalidad minera bajo el argumento de facilitar la formalización.

“Es un texto nocivo que legaliza la ilegalidad en el país. Es un Reinfo recargado, un maquillaje legislativo”, señaló. Para Gonzales, la propuesta engañaba a los mineros informales al ofrecer una vía de formalización sin condiciones reales ni exigencias mínimas para regular su actividad.

Críticas al retraso en el debate y advertencia sobre su regreso

La parlamentaria también cuestionó el tiempo y forma en que se intentó aprobar el texto. Aseguró que el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, mantuvo el tema pendiente durante todo su mandato y lo presentó recién al final de la legislatura. “Ha esperado al último momento para entrar al debate serio”, afirmó.

Gonzales advirtió que el debate sobre la Ley MAPE volverá en la siguiente legislatura, por lo que pidió claridad frente a los mineros. “No se puede engañar a los mineros que están en la avenida Abancay”, dijo en referencia a quienes han protagonizado protestas en Lima exigiendo su inclusión en procesos de formalización.

Apoyo a decreto del Ejecutivo que excluye a informales

En otro momento, la congresista respaldó el decreto supremo emitido por el Ejecutivo que excluye a más de 50 mil mineros informales que no demostraron voluntad de formalizarse. Según explicó, permitir su inclusión sin condiciones afectaría cualquier intento serio de control y legalidad en el sector.

“Espero que el Ejecutivo no retroceda. No podemos seguir incentivando la informalidad con normas que no exigen condiciones mínimas”, advirtió. Finalmente, reiteró que es necesario replantear una propuesta legislativa, pero con estándares claros que garanticen legalidad, sostenibilidad y protección ambiental.