Dina Boluarte: nueva investigación fiscal por aporte de campaña

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afronta una nueva investigación preliminar por presunto financiamiento prohibido por parte del Ministerio Público. La pesquisa está a cargo de la Fiscalía de Lavado de Activos y se vincula a un supuesto aporte de S/ 150 mil entregado durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, cuando integró la fórmula presidencial de Pedro Castillo por Perú Libre.

El caso, formalizado mediante la Disposición Fiscal N.° 22, no requiere el aval del Congreso, dado que los hechos habrían ocurrido antes de que la actual jefa de Estado asumiera funciones públicas. La hipótesis fiscal plantea que el dinero habría sido entregado por el empresario Eduvigis Beltrán Salinas para financiar actividades proselitistas.

Reunión clave y detalles del presunto aporte

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el 19 de mayo de 2021 se habría realizado una reunión en una casona del Cercado de Lima, donde participaron Boluarte, la ciudadana Maritza Sánchez, su asistenta de campaña Marcela Saldarriaga Ortiz, y el empresario Eduvigis Beltrán. En dicho encuentro se habría acordado la entrega del aporte.

El dinero estaría destinado a costear el acompañamiento musical de una “batucada”, un grupo de jóvenes con instrumentos de percusión que participaba en actos públicos de la campaña de Perú Libre. La entrega se habría coordinado posteriormente en un almuerzo en el restaurante El Hornero y concretado entre el 19 y 26 de mayo.

Según el documento fiscal, no se precisa si el dinero fue recibido directamente por Boluarte o por intermedio de otra persona. La disposición indica que Beltrán podría haber retirado el dinero de su patrimonio personal o de personas jurídicas vinculadas a sus negocios.

Reacciones y declaraciones en la investigación

Eduvigis Beltrán ha negado haber participado en la mencionada reunión y afirma no conocer personalmente a la presidenta. Por este motivo, la Fiscalía decidió no incluir su testimonio como diligencia necesaria al considerar que no aportaría información relevante.

En tanto, la abogada de Marcela Saldarriaga informó que su representada falleció en agosto de 2023, por lo que la Fiscalía solicitó a Reniec el acta de defunción respectiva. Saldarriaga era considerada una figura clave, ya que habría actuado como enlace en la supuesta entrega del aporte.

En el caso de Boluarte, la Fiscalía ha programado su declaración indagatoria para el 14 de octubre de 2025, en el marco de esta investigación que forma parte de una carpeta más amplia sobre presunto lavado de activos vinculada a su entorno político.

Características del proceso fiscal

Esta investigación se diferencia de otras denuncias contra la presidenta porque no requiere aprobación del Congreso, dado que los hechos ocurrieron antes de su elección como vicepresidenta. En ese momento, Boluarte no tenía la condición de aforada, por lo que puede ser investigada sin autorización legislativa.

El caso está en etapa preliminar y es conducido por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. El objetivo central es establecer si hubo financiamiento no reportado y si los recursos provinieron de fuentes privadas no autorizadas por ley.

Además de la toma de declaraciones, el Ministerio Público tiene previsto solicitar documentos, analizar registros financieros y determinar si el supuesto aporte fue declarado ante la ONPE.

Congreso archivó denuncia por muertes en protestas

Paralelamente, el pasado 18 de julio la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia contra Dina Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

El informe final, elaborado por el congresista José Jerí, concluyó que no existían pruebas suficientes para imputar penalmente a la mandataria en el contexto constitucional. La votación fue aprobada por mayoría, aunque no cierra el caso en el ámbito penal, donde la Fiscalía aún mantiene diligencias en curso.

Organizaciones civiles y sectores de oposición criticaron la decisión, mientras que desde el oficialismo se interpretó como un respaldo institucional a la presidenta.

Denuncias constitucionales anteriores y vigentes

La Fiscalía de la Nación presentó otras denuncias constitucionales en mayo pasado contra Dina Boluarte por diferentes hechos. El 15 de mayo, el Ministerio Público la acusó, junto a otros siete exfuncionarios, por los presuntos delitos de lesiones y homicidio en el marco de las protestas sociales.

Los hechos investigados ocurrieron en regiones como Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde se reportaron 75 víctimas en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Según la acusación, hubo uso excesivo de la fuerza con conocimiento de las autoridades.

Caso “Cofre” y acusación por encubrimiento

El 16 de mayo, la presidenta fue nuevamente denunciada, esta vez junto al exministro del Interior Juan José Santiváñez, en el denominado caso “Cofre”, relacionado con la presunta fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En el caso “Cofre”, la Fiscalía señala que Boluarte habría ordenado el uso de un vehículo presidencial, no susceptible de ser intervenido, para facilitar la salida de Cerrón desde un condominio en Cañete en octubre de 2023. El exgobernador se encuentra prófugo desde entonces.

Citaciones a la mandataria

La presidenta fue citada tres veces por la Fiscalía para rendir su versión, pero solo asistió una vez, acogiéndose al silencio. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso deberá evaluar esta denuncia para determinar si corresponde su admisión y apertura de una investigación parlamentaria.