Espinoza: Liquidación de Rutas de Lima afecta reparación civil
Benji Espinoza cuestionó la falta de acciones de la Procuraduría en el caso Rutas de Lima. Criticó que no se hayan asegurado embargos ni incautaciones a tiempo

La reciente decisión de Rutas de Lima de iniciar su proceso legal de disolución y liquidación ha generado preocupación en el ámbito jurídico. Según advirtió el abogado Benji Espinoza, esta situación podría comprometer seriamente el eventual cobro de la reparación civil en el marco del caso Lava Jato.
Espinoza cuestionó que la Procuraduría ad hoc del caso no haya asegurado previamente mecanismos como embargos o incautaciones que permitan garantizar el resarcimiento al Estado. “Lo que hay que evitar es una insolvencia que impida cobrar la reparación civil. Eso se asegura con embargos e incautaciones oportunas”, explicó.
La estrategia legal debió combinar el enfoque penal y civil
El penalista sostuvo que mientras el Ministerio Público persigue penalmente, la Procuraduría debió trabajar una estrategia paralela orientada a garantizar el cumplimiento del pago de la reparación. Señaló que, de no haberse tomado medidas antes, el proceso actual de disolución haría inviable cualquier acción posterior. “Frente a esta noticia, ya sería muy tarde”, remarcó.
Empresa culpa a la MML y al Estado de su deterioro financiero
A través de un comunicado publicado el 30 de septiembre, Rutas de Lima anunció que su Junta General de Accionistas acordó la disolución legal el pasado 29 de septiembre, al considerar que su situación financiera se ha vuelto insostenible. Según la compañía, esto se debe a acciones y omisiones de entidades estatales, en particular de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
La empresa denunció haber sido objeto de “actos de hostigamiento” por parte de la MML y otras entidades públicas, lo que habría ocasionado una crisis económica. Indicó que la medida se ampara en la Ley General de Sociedades del Perú.
Rutas de Lima continuará operando las vías concesionadas
A pesar de su nuevo estatus jurídico, la empresa aseguró que seguirá cumpliendo sus obligaciones en la operación vial, el mantenimiento de rutas y la seguridad. Añadió que respetará sus compromisos con trabajadores y proveedores.
La compañía subrayó que su deterioro financiero responde principalmente a la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje, lo cual ha generado la pérdida de más del 60 % de sus ingresos. Pese a ello, afirmó que ha mantenido todas sus funciones operativas al 100 %.