Financistas de congresistas trabajan en oficinas del Parlamento

Un informe publicado por El Comercio reveló que al menos 15 personas que aportaron financieramente a campañas de congresistas en las elecciones de 2021 trabajan actualmente en oficinas clave del Parlamento. La práctica ha despertado una ola de cuestionamientos éticos por tratarse, según el Código de Ética del Congreso, de una presunta “ventaja indebida”.

Diez congresistas involucrados

El reporte detalla que diez congresistas habrían incurrido en esta conducta. Entre ellos se encuentra Wilson Soto (Acción Popular), quien defendió su decisión al señalar que “el parlamentario tiene que contar con el personal capacitado” y aseguró que sus trabajadores conocen la labor parlamentaria.

Otros legisladores implicados son Arturo Alegría, César Revilla y Nilza Chacón de Fuerza Popular; Milagros Jáuregui de Renovación Popular; Jorge Marticorena de Alianza para el Progreso; Ilich López de Acción Popular; y Jorge Morante y José Jerí de Somos Perú.

Muchos de ellos evitaron dar declaraciones tras la publicación del informe.

Críticas desde la Comisión de Ética

El presidente de la Comisión de Ética saliente, Alex Paredes, mostró una posición más tajante al respecto. “El hecho que puedas hacerlo te debe conllevar a hacer reparos. ¿Es un buen gesto? No lo es. ¿Habría que entender que es un toma y daca?”, declaró, dejando en evidencia su incomodidad con estas contrataciones.

En esa línea, Jorge Montoya (Honor y Democracia) advirtió que el problema es más estructural.

“Todas las contrataciones que se han hecho han sido manejadas por los partidos que controlan la Mesa. Estamos arrastrando esta situación hace tiempo”, sostuvo.

¿Qué dice el Código de Ética?

Si bien la contratación de un financista de campaña no está tipificada como delito, sí se considera una infracción ética bajo la figura de “ventaja indebida”, según el artículo 4 del Código de Ética del Congreso.

Esta norma señala que los congresistas deben evitar conflictos de interés y no usar su cargo para beneficiar a terceros con quienes mantengan vínculos económicos o políticos recientes.

Arturo Alegría y el caso de sus financistas

El actual vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, confirmó que tres de sus financistas de campaña fueron contratados, primero en su despacho y luego en otras dependencias del Parlamento. Señaló que trabajaron con él en la campaña y que “se han ido abriendo espacios” en el Congreso.

En el caso de Aldo Celiz, reconoció que brindó una recomendación. “Siempre preguntan por una persona. Te llaman y dices si ha desempeñado un buen trabajo”, afirmó.

Jorge Morante responsabiliza a su anterior bancada

Otro caso polémico es el del congresista Jorge Morante, quien inició su periodo con Fuerza Popular, pero posteriormente se trasladó a Somos Perú.

Dos de sus financistas también figuran en planilla del Congreso. Al respecto, Morante aseguró que ambas contrataciones fueron promovidas por su antigua bancada y negó haber tenido responsabilidad directa. “A Cabanillas lo retiré de mi despacho, y entiendo que Cavero fue promovida por Fuerza Popular”, precisó.

Ausencia de respuestas y falta de transparencia

Pese a los intentos por recoger su versión, ninguno de los otros nueve congresistas involucrados respondió a las solicitudes de información.

Esta falta de transparencia no hace más que alimentar la percepción de un uso cuestionable de los recursos humanos del Congreso para retribuir apoyos de campaña.

La ética parlamentaria en tela de juicio

Las revelaciones ponen en evidencia una práctica que, si bien no es nueva, parece haberse institucionalizado con mayor naturalidad en la actual legislatura.

La contratación de personas cercanas a los congresistas no es una irregularidad per se, pero cuando se trata de quienes financiaron sus campañas políticas, el conflicto de interés resulta evidente.

La ciudadanía observa con preocupación cómo se utilizan los cargos del Estado para recompensar favores de campaña, desdibujando los límites entre la función pública y los intereses privados.