Luján alerta sobre riesgos en reforma de extinción de dominio

Manuel Luján Túpez, juez supremo coordinador del subsistema judicial, defendió la extinción de dominio como una herramienta crucial contra la criminalidad organizada. 

En diálogo con Canal N, dijo que esto permite confiscar los bienes adquiridos ilícitamente sin necesidad de que exista una condena penal definitiva. 

En el caso de crímenes como el tráfico de drogas, sicariato, minería ilegal y corrupción, los delincuentes dependen de los bienes (dinero, propiedades, vehículos) para continuar con sus actividades ilícitas.

Remarcó que la extinción de dominio es un mecanismo para despojarlos de los recursos que permiten financiar estos crímenes.

Sin embargo, la reforma propuesta por el Congreso, que exige una sentencia firme (es decir, una condena final sin posibilidad de apelación), podría dilatar los procesos judiciales de extinción de dominio, dificultando la aplicación efectiva de la ley.

Mencionó que si se requiere que la sentencia sea firme antes de que el bien sea confiscado, podría pasar mucho tiempo antes de que los bienes adquiridos de manera ilícita sean realmente retirados del mercado, permitiendo que las organizaciones criminales sigan operando sin mayores restricciones.

Conflictos de interés  

Un aspecto relevante en este debate es el posible conflicto de interés del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuya hermana está involucrada en un proceso de extinción de dominio.  

Si bien es importante reconocer que los representantes del Estado deben actuar con imparcialidad, también es relevante preguntarse si este conflicto afecta la legitimidad de su intervención. 

Destacó que la presencia de intereses personales en la legislación puede generar desconfianza en el público y en las instituciones, ya que puede percibirse que los cambios legales buscan beneficiar a ciertos actores, en lugar de procurar el bien común.

Al establecer que la extinción de dominio solo sea aplicable después de que un proceso judicial haya sido finalmente resuelto y que las propiedades sean "justificadas" por los acusados, la reforma podría crear un vacío que favorezca a los criminales.

Explicó que es común que, en muchos casos de corrupción, narcotráfico y minería ilegal, los bienes son adquiridos de forma fraudulenta o con dinero ilícito. 

Si los procesos se alargan durante años, los criminales podrían ocultar, transferir o disimular sus bienes, lo que dificultaría la recuperación de los activos y su uso para beneficio social (por ejemplo, en infraestructura, salud o educación, como mencionó Manuel Luján).

Precisó que más de 5,000 procesos en curso podrían quedar en impunidad si la reforma se aprueba. Esto pone en duda la imparcialidad de la demanda, ya que la reforma podría beneficiar directamente a personas cercanas al Defensor del Pueblo. 

Efectos internacionales  

La crítica de que Perú podría enfrentar sanciones internacionales si se debilita la Ley de Extinción de Dominio también es relevante.  

Luján subrayó que organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción vigilan de cerca los sistemas legales de los países. 

Si Perú opta por debilitar la extinción de dominio, podría ser colocado en listas grises, lo que reduciría la confianza internacional en su sistema financiero y afectaría la inversión extranjera. 

Esto sería un golpe significativo a la economía peruana, ya que muchos inversionistas preferirían retirar sus capitales ante el riesgo de que el país sea considerado un "paraíso para el crimen".

El modelo actual de extinción de dominio tiene la intención de actuar rápidamente para frenar los flujos de dinero que alimentan el crimen organizado.

Si se introduce el requisito de una sentencia firme, se incrementaría el riesgo de que el sistema sea ineficaz, generando una sensación de impunidad en los ciudadanos y las víctimas de estos delitos.