Ministro Malaver exige a municipios a invertir en seguridad

El titular del sector Interior firmó convenios en Arequipa y anunció 3 mil chalecos nuevos para la Policía, además de reforzar comisarías en distritos clave.
La visita del ministro del Interior, Carlos Malaver, a la región Arequipa estuvo marcada por anuncios y exigencias en torno a la inversión en seguridad ciudadana. El titular del sector afirmó que los gobiernos locales están obligados por ley a destinar recursos para este fin, incluyendo la compra de chalecos antibalas para agentes policiales.
Esta declaración se dio en medio de cuestionamientos sobre el déficit de protección con el que operan muchos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Desde el Ejecutivo, Malaver negó que se haya solicitado donaciones o aportes “de regalo” por parte de los municipios, y explicó que su cartera actúa dentro del marco legal de la inversión pública.

Responsabilidad municipal en seguridad ciudadana
Durante su intervención en Arequipa, el ministro subrayó que la normativa vigente obliga a los gobiernos locales a contribuir con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
“No es un pedido de por favor”, declaró Malaver, al recordar que los programas presupuestales permiten que los municipios financien elementos como chalecos antibalas.
La declaración busca aclarar una polémica reciente sobre la supuesta solicitud de donaciones de implementos de protección. El titular del Interior reiteró que la articulación entre niveles de gobierno es clave para enfrentar la criminalidad.
Anuncio de nueva entrega de chalecos
Malaver también anunció que un nuevo lote de 3,000 chalecos antibalas se entregará en enero de 2026. Explicó que la buena pro ya fue otorgada y que el cronograma proyectado prevé la internación de los equipos para el primer mes del próximo año.
A esta entrega se suman 4,000 unidades donadas por China, que llegarán a fines de setiembre.
Con estas adquisiciones, el Gobierno espera reducir progresivamente la brecha existente. Actualmente, solo 9,173 chalecos están operativos, pese a que la Policía cuenta con más de 130,000 efectivos a nivel nacional.
Refuerzo de comisarías en distritos de Arequipa
Como parte de su agenda regional, el ministro firmó convenios destinados a reforzar la operatividad de las comisarías de Cerro Colorado y Yura. Los acuerdos buscan mejorar la logística y los recursos del personal policial que actúa en estos distritos con altos índices de actividad delictiva.
Esta iniciativa forma parte del plan de descentralización de acciones en seguridad, que prioriza zonas con elevados niveles de riesgo y demanda de intervención.
Contexto de críticas y controversia edil
Las declaraciones del ministro se produjeron tras una controversia con autoridades municipales. El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ironizó sobre la gestión ministerial y planteó, en tono sarcástico, que la comuna podría asumir la compra de chalecos.
En respuesta, Malaver precisó que no se ha solicitado que los gobiernos locales financien estos implementos como una cesión gratuita.
El ministro señaló que su sector busca reducir la brecha de equipamiento bajo los parámetros de la ley. Recordó que una compra anterior fue anulada por incumplimientos del proveedor y que un nuevo proceso se convocó bajo normas actualizadas.
Brecha histórica en el equipamiento policial
Carlos Malaver reconoció que la situación actual refleja una brecha histórica en el equipamiento de la PNP.
Según cifras oficiales, el número de chalecos disponibles no cubre ni el 40% de la demanda total. El retraso en la adquisición se debió, en parte, a la anulación de un contrato anterior por falta de documentación válida.
El nuevo proceso involucra a proveedores internacionales y busca evitar intermediarios. No obstante, el ministro precisó que una compra de esta magnitud toma entre ocho y diez meses desde su convocatoria hasta su entrega.
Supervisión parlamentaria y cuestionamientos por chalecos vencidos
En paralelo, el Congreso de la República continúa investigando el uso de chalecos vencidos dentro de la Policía.
El legislador Alfredo Zurita denunció que algunos implementos tienen hasta tres décadas de antigüedad. Recordó que la fibra de Kevlar pierde efectividad luego de cinco años.
El Parlamento citó al ministro Malaver para explicar por qué no se ha ejecutado un presupuesto de casi nueve millones de soles destinados a nuevas compras. El ministro indicó que los retrasos se deben al cambio normativo y al proceso fallido con el proveedor inicial.
Nuevas medidas tecnológicas y balance operativo
Durante su presentación, Malaver también anunció el inicio del uso de cámaras personales en Lima y Callao.
Esta medida busca mejorar la fiscalización de los operativos y aumentar la transparencia en la labor policial. Reconoció cierta resistencia entre los efectivos, pero defendió que se trata de una herramienta de control institucional.
En cuanto a los resultados operativos, informó que en Lima se ha reducido la tasa de homicidios, mientras que las extorsiones aumentaron.
En el Callao ocurrió lo contrario: bajaron las extorsiones, pero subieron los homicidios.
Articulación con el Ministerio Público
Consultado sobre casos recientes, Malaver respondió que la PNP cumplió su función en el atentado con explosivos registrado en Trujillo.
Explicó que la situación legal de los detenidos corresponde al Ministerio Público. Reiteró que su sector seguirá invirtiendo en equipamiento y acciones de prevención.
El ministro insistió en que la lucha contra el crimen requiere trabajo conjunto entre Ejecutivo, municipios, Congreso y Poder Judicial para lograr resultados sostenibles.
El ministro del Interior, Carlos Malaver, exigió a los gobiernos locales invertir en seguridad ciudadana y en la compra de chalecos antibalas, conforme al marco presupuestal vigente. Desde Arequipa, anunció que 3,000 chalecos llegarán en enero de 2026 y otros 4,000 serán donados por China en setiembre. Además, firmó convenios para fortalecer comisarías en distritos con alta incidencia delictiva. El ministro negó que se haya pedido donaciones y explicó los retrasos en adquisiciones por cambios normativos y procesos fallidos previos.