PJ ordena reevaluar pedido de prisión preventiva contra Vizcarra
El Poder Judicial declaró fundado el recurso presentado por el Ministerio Público y ordenó que se vuelva a evaluar la solicitud de prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la resolución que rechazaba el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. La decisión se tomó tras declarar fundado el recurso de apelación presentado por la defensa del exmandatario y por la Fiscalía.
El tribunal ordenó la realización de una nueva audiencia con un nuevo juez de Investigación Preparatoria Nacional, en reemplazo del magistrado Víctor Alcocer, quien el pasado 27 de junio había rechazado la solicitud fiscal, disponiendo solo comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 6 meses.
Fundamentos para anular la resolución
La sala penal consideró que la resolución inicial no valoró adecuadamente los elementos de convicción vinculados al peligro de fuga, en particular que el exmandatario no tiene actualmente vínculo laboral arraigado que le impida evadir la justicia. Este fue uno de los argumentos señalados por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, quien presentó la apelación por parte del Ministerio Público.
La decisión también responde al recurso presentado por la propia defensa técnica del expresidente, lo que derivó en que ambas partes solicitaran una nueva revisión del pedido fiscal de prisión preventiva.
Investigación por presuntos pagos ilícitos
El proceso se vincula a presuntos pagos ilícitos que Martín Vizcarra habría recibido cuando fue gobernador regional de Moquegua, a cambio de favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de proyectos de infraestructura pública.
Entre las obras señaladas en la investigación están el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. Según el Ministerio Público, estos actos habrían ocurrido durante su gestión regional, en el contexto de contratos con empresas del entorno investigado por el caso Lava Jato.