Poder Judicial rechaza pedido de prescripción de Martín Vizcarra

Este lunes 14 de julio, el Poder Judicial declaró infundado el pedido del expresidente Martín Vizcarra para que se declare prescrita la acción penal en su contra, relacionada a presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. La decisión se dio en el marco de la audiencia de control de acusación por los casos conocidos como Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El juez Víctor Alberto Alcocer Acosta, titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, señaló que aún no se ha superado el plazo legal de prescripción de la acción penal.

Según argumentó, los hechos que se imputan a Vizcarra ocurrieron en noviembre de 2013, y desde entonces no ha transcurrido el tiempo suficiente para extinguir la persecución penal.

Argumentos del juez: aún no ha vencido el plazo de ley

Durante la audiencia, el magistrado precisó que el punto de referencia para calcular el plazo de prescripción debe ser la fecha en que ocurrieron los hechos, es decir, la firma de los contratos en noviembre de 2013.

“A la fecha no habría transcurrido el plazo prescriptorio ordinario de los hechos”, declaró Alcocer. En consecuencia, resolvió declarar infundada la excepción de prescripción presentada por la defensa técnica de Vizcarra.

Asimismo, el juez ratificó la continuidad del proceso penal en la etapa intermedia. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría Pública expresaron su conformidad con la resolución judicial.

Por su parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, anunció que interpondrán un recurso de apelación para revertir el fallo. Consideran que la acción penal ya habría caducado, dada la antigüedad de los hechos investigados.

La acusación fiscal: cohecho pasivo propio y colusión

El Ministerio Público imputa a Vizcarra el presunto delito de cohecho pasivo propio, por lo que solicita 15 años de prisión efectiva y 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

También se exige el pago de una reparación civil y la aplicación de medidas cautelares por riesgo de obstaculización del proceso judicial.

Según la tesis fiscal, el entonces gobernador regional habría recibido pagos ilícitos por un total de S/ 2.3 millones a cambio de favorecer a determinados consorcios en la adjudicación de obras públicas en la región Moquegua.

Los casos investigados corresponden a dos megaproyectos ejecutados entre 2011 y 2014: el proyecto Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua.

¿Qué obras están bajo la lupa?

El proyecto Lomas de Ilo, adjudicado al consorcio Obrainsa-Astaldi, implicó la construcción de la Línea de Conducción N.° 1 Jaguay–Lomas de Ilo y un sistema de riego. De acuerdo con la investigación, Vizcarra habría recibido un pago de un millón de soles por facilitar la adjudicación del contrato.

En el caso del Hospital Regional de Moquegua, la obra fue entregada a la empresa ICCGSA. Según la Fiscalía, el exmandatario recibió S/ 1.3 millones como parte de un presunto soborno. Parte del dinero habría sido canalizado por el entonces ministro de Agricultura, José Hernández, quien habría actuado como intermediario.

Ambas adjudicaciones configuran presuntos actos de corrupción en perjuicio del Estado, por lo que el Ministerio Público sostiene que la imputación se mantiene vigente y debe continuar su cauce legal.

Vizcarra bajo restricciones judiciales

El 27 de junio, el mismo juzgado declaró infundado el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía. Sin embargo, el juez Alcocer impuso medidas restrictivas alternativas contra Vizcarra, como la comparecencia con restricciones, control biométrico mensual y prohibición de salida del país por un plazo de seis meses.

La resolución también impide al exmandatario acercarse a embajadas o mantener comunicación con representantes diplomáticos. Estas medidas buscan asegurar la sujeción al proceso, en vista de los antecedentes de inasistencia y presuntos incumplimientos de resoluciones judiciales y del Jurado Nacional de Elecciones.

Fiscal insiste en riesgo de fuga; apelará medida anterior

Pese a que el juez desestimó la prisión preventiva, la Fiscalía ha insistido en que existe riesgo procesal. Alega que Vizcarra no ha demostrado arraigo laboral ni familiar suficiente, y ha incurrido en conductas evasivas en procesos anteriores.

En ese sentido, el Ministerio Público anunció que ha interpuesto un recurso de apelación contra la resolución del 27 de junio, con el objetivo de que una instancia superior reevalúe el pedido de prisión preventiva. La defensa legal del expresidente, sin embargo, sostiene que no hay elementos objetivos que justifiquen su detención.

¿Vizcarra puede postular en 2026?

Actualmente, la situación legal de Vizcarra no le permite postular a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2026. La condena vigente por el caso de vacunación irregular (vacunagate) incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años. A ello se suma el presente proceso penal, que podría derivar en una condena mayor si se comprueban los cargos por corrupción.

De confirmarse una eventual condena, Vizcarra quedaría excluido de cualquier candidatura de elección popular. A pesar de ello, ha reiterado en diversas ocasiones su intención de volver a la política y ha mantenido cierta actividad mediática y partidaria.

Investigación continuará en etapa intermedia

Con la negativa al pedido de prescripción, el caso continuará su tramitación en la etapa intermedia, en la que se evaluará la validez de la acusación fiscal, los medios probatorios y la procedencia de un eventual juicio oral. Será durante esta fase que se determinará si existen suficientes elementos para pasar a la siguiente instancia del proceso penal.

Se espera que en las próximas semanas, el juzgado convoque a una audiencia de control formal de acusación, donde tanto la Fiscalía como la defensa técnica de Vizcarra expondrán sus argumentos para que el caso continúe o se archive.