Plantean descontar pagos por extorsión del impuesto a la renta

El congresista Luis Cordero Jon Tay, del grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley para que los contribuyentes que sean víctimas de extorsión puedan deducir esas pérdidas del Impuesto a la Renta sin necesidad de presentar una denuncia judicial. La propuesta fue ingresada el 15 de octubre a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

El Proyecto de Ley N.º 12793 plantea modificar el literal d) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. El objetivo es ofrecer una alternativa legal a las víctimas de extorsión para acreditar sus pérdidas económicas mediante una declaración jurada notarial, eliminando el requisito de judicialización del delito.

Propuesta para modificar la normativa tributaria

La iniciativa propone que los pagos hechos bajo extorsión puedan ser considerados como pérdida extraordinaria, deducible del Impuesto a la Renta, mediante una declaración jurada. Esta deberá contener la huella digital del declarante, su firma legalizada notarialmente y los medios probatorios disponibles.

Actualmente, la legislación exige como condición una prueba judicial o demostrar que no es posible iniciar un proceso legal. El nuevo mecanismo busca ofrecer, según se indica, una vía segura que no exponga a las víctimas a represalias por parte de organizaciones criminales.

Acreditación de pérdidas sin denuncia judicial

El cambio normativo propuesto permitiría que contribuyentes extorsionados acrediten sus pérdidas sin interponer una denuncia formal. La exposición de motivos argumenta que esta exigencia representa un riesgo para la vida de las víctimas y sus familias, y que ha generado un subregistro en las denuncias por miedo fundado a represalias.

El proyecto advierte que actualmente las víctimas no pueden deducir montos extorsionados, lo cual genera una carga tributaria adicional sobre utilidades inexistentes, afectando el capital de trabajo de empresas y trabajadores independientes.

Responsabilidad penal por información falsa

El texto legislativo incorpora medidas para prevenir el uso fraudulento de este mecanismo. En caso se detecte información falsa en la declaración jurada, el Procurador Público de la SUNAT estará facultado para formular una denuncia penal ante el Ministerio Público. Además, la SUNAT deberá emitir las normas reglamentarias necesarias para la implementación de la ley.

La medida, según sostiene el planteamiento del congresista de APP, tiene como fin proteger el sistema tributario sin dejar desamparadas a las víctimas reales de extorsión, especialmente en sectores donde este delito es frecuente.

Legisladores que respaldan la iniciativa

El proyecto fue presentado con el respaldo de varios legisladores que figuran como coautores: Alejandro Soto, Segundo Quiroz Barboza, Magaly Ruíz, María Acuña Peralta, Idelso García y Eduardo Salhuana.

La propuesta, de acuerdo a sus planteamientos, buscaría atender una problemática que afecta a diversos sectores económicos, en especial micro, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, transportistas y trabajadores autónomos expuestos a la amenaza de organizaciones delictivas.

Argumentos sobre el impacto económico y social

La exposición de motivos indica que la extorsión genera un impacto económico considerable en el país. Cita datos según los cuales algunas mafias criminales exigen hasta el 30 % de las ganancias de los transportistas, lo que ha provocado paralizaciones en distintas regiones.

También se menciona que la inseguridad ciudadana vinculada a la extorsión genera pérdidas superiores a los 5,800 millones de dólares anuales, equivalentes al 2,2 % del PBI nacional.

El documento también menciona que este tipo de delitos fomenta la informalidad y reduce la productividad, al obligar a las empresas a desviar recursos para protegerse o evitar la fiscalización.

Datos sobre el subregistro de denuncias por extorsión

El proyecto argumenta que el miedo fundado y la falta de garantías para las víctimas han provocado un alto nivel de subregistro de casos. Se citan cifras del INEI según las cuales solo el 15,7 % de las víctimas de algún delito presenta una denuncia formal.

Entre las razones principales se encuentran la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo (42,5 %), la desconfianza en la Policía (18,6 %) y el temor a represalias (4,9 %), factores que, según la iniciativa, justifican la necesidad de crear un mecanismo seguro y no judicializado para la acreditación tributaria.

Beneficios proyectados de la reforma

La norma, según se señala, busca armonizar el sistema tributario con la realidad de las víctimas de extorsión, ofreciendo seguridad jurídica a quienes actualmente deben elegir entre proteger su integridad o declarar correctamente sus pérdidas.

También se espera que la nueva herramienta permita al Estado recopilar datos sobre la magnitud del problema, facilitando el diseño de políticas públicas.

El proyecto considera que la deducción de pérdidas reales permitirá reducir la migración hacia la informalidad, preservar la competitividad empresarial y mejorar la equidad tributaria.

Coherencia con el marco legal nacional

La propuesta legislativa señala que no altera el marco penal vigente, ya que la posibilidad de denunciar judicialmente se mantiene como una opción. Según estipula Cordero en su propuesta, solo introduce un mecanismo alternativo para fines tributarios en contextos de alto riesgo.

El congresista Luis Cordero Jon Tay presentó un proyecto de ley para modificar el literal d) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, permitiendo a las víctimas de extorsión deducir pérdidas mediante declaración jurada notarial sin necesidad de denuncia judicial. La iniciativa busca proteger a los contribuyentes de represalias y reconocer pérdidas reales en la base imponible. Incluye medidas de control para evitar fraudes y cuenta con el respaldo de otros congresistas. Se destaca el impacto económico del delito de extorsión y la falta de denuncias por miedo fundado.