Préstamo de cuentas ya es delito, advierte abogada Diana Pérez

La abogada penalista Diana Pérez, del estudio Iuralex, advirtió que el préstamo de cuentas bancarias para actos delictivos ya se encuentra penalizado en la legislación peruana, mediante la Ley de Delitos Informáticos.

Por ello, calificó como innecesario el nuevo proyecto de ley que busca crear un tipo penal autónomo para sancionar esta conducta, especialmente en el marco de delitos como extorsión y sicariato.

En entrevista con Canal N, Pérez recordó que el artículo 8 de dicha ley ya contempla sanciones para quienes facilitan sus cuentas para fraudes digitales o criminalidad organizada. “No es un vacío legal. Lo que falta es una estrategia integral y capacidad operativa para enfrentar al crimen organizado”, señaló.

Críticas al contenido y enfoque del proyecto

El proyecto de ley —promovido por la congresista María del Carmen Alva— propone incorporar penas más severas para personas que prestan sus cuentas y la exigencia de verificación biométrica. Sin embargo, Pérez aclaró que estas tecnologías ya son usadas por los bancos, tanto en agencias como en aplicativos móviles.

“No se está innovando. El problema no está en endurecer penas, sino en atacar de forma estructural al crimen organizado”, explicó. También cuestionó la ambigüedad del proyecto, que menciona un “régimen cerrado especial” sin especificar sus alcances.

Crimen organizado como eje del problema

Pérez subrayó que el delito de extorsión, incluyendo el uso de cuentas bancarias, forma parte de redes criminales complejas que actúan como empresas ilegales. Casos recientes como los de alias “el Jorobado” o “el Monstruo” —dijo— demuestran el nivel de organización y recursos de estas bandas.

“La mayoría de estos delitos no son obra de personas aisladas. Son organizaciones con jerarquías, roles y tecnología”, afirmó. Añadió que el Estado no cuenta con divisiones especializadas ni herramientas técnicas suficientes para enfrentar este nivel de criminalidad.

Aumento de penas no reduce delitos, advierte

La abogada también cuestionó el enfoque del endurecimiento punitivo como solución. Puso como ejemplo el delito de feminicidio, que pese a tener penas altas, sigue siendo frecuente.

“Endurecer la ley no impide que se cometan los delitos si no se fortalece la investigación, prevención y desarticulación de mafias”, declaró.

Pérez finalizó su análisis afirmando que iniciativas legislativas como esta pueden parecer positivas ante la opinión pública, pero no resuelven el problema estructural. “Necesitamos leyes funcionales, no duplicadas, y un aparato estatal preparado para combatir eficazmente el crimen organizado”, concluyó.