TC ratifica atribuciones de la PNP y rechaza demanda de Fiscalía

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda del Ministerio Público contra el Congreso, mediante la cual se buscaba cuestionar las facultades otorgadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) para liderar actos de investigación durante los procesos fiscales. Con esta decisión, el máximo intérprete de la Constitución reafirma el rol activo de la PNP en la etapa preliminar de las investigaciones penales.

Sin embargo, el TC condicionó la validez de las normas impugnadas a que se interpreten conforme a los fundamentos expresados en la propia sentencia, dejando en claro que su aplicación no puede desbordar el marco constitucional.

Policía Nacional mantiene facultades de investigación

El fallo resuelve una controversia generada por la reforma legal que amplió las competencias de la Policía para conducir investigaciones preliminares. La Fiscalía había denunciado que dicha norma vulneraba su rol como titular de la acción penal. No obstante, el TC concluyó que la actuación policial es constitucional siempre que se dé dentro de los límites establecidos por la ley y bajo control fiscal.

Este pronunciamiento consolida la participación de la Policía Nacional como actor directo en la persecución penal, especialmente en casos de flagrancia o de criminalidad organizada.

Exhortación a coordinar mediante protocolos conjuntos

Más allá de la decisión jurídica, el Tribunal Constitucional exhortó al Ministerio Público y a la Policía Nacional a elaborar protocolos de actuación interinstitucional. Dichos documentos deberán alinearse con el Código Procesal Penal y los fundamentos de la sentencia, con el fin de articular una estrategia eficaz y permanente en la lucha contra el delito.

El TC advierte que la coordinación es esencial para evitar duplicidades, conflictos de competencia y garantizar un proceso penal ordenado.

Sentencia busca equilibrio y respeto institucional

El fallo no representa una victoria absoluta para ninguna de las partes. Si bien respalda el rol de la PNP, también subraya que el Ministerio Público sigue siendo la autoridad rectora del proceso penal. La resolución insiste en que toda actuación debe respetar los principios de legalidad, cooperación y respeto entre instituciones.

Este pronunciamiento fija jurisprudencia sobre uno de los temas más sensibles en materia penal: la conducción de las investigaciones y el equilibrio entre Policía y Fiscalía.