Ampuero: Midagri favorece a partido de hermano de presidenta

Katherine Ampuero, exprocuradora anticorrupción, alertó sobre graves indicios de corrupción en torno a los contratos adjudicados a personas vinculadas al partido Ciudadanos por el Perú, vinculado al hermano de la presidenta Dina Boluarte.

En diálogo con Canal N, indicó que existen sospechas razonables de que los fondos provenientes del Ministerio de Agricultura, a través del programa Fondo Sierra Azul, podrían estar siendo utilizados para financiar de manera irregular dicho partido político. 

Ampuero cuestionó la reacción de uno de los involucrados al ser abordado por un periodista, calificándola de sospechosa: "Si se tratara de un contrato regular, transparente, no habría motivo para ocultarlo o mentir sobre su vigencia", sostuvo. 

En lugar de aclarar su situación, el implicado negó tener un contrato vigente, lo que genera dudas sobre la legalidad y finalidad de su contratación. 

La exprocuradora planteó que la Fiscalía y la Contraloría General de la República deben iniciar investigaciones de oficio para determinar si existió realmente la necesidad de contratar a los dos integrantes de Ciudadanos por el Perú y cuáles fueron las funciones que desempeñaron.

"Debemos evitar que se repitan esquemas como el caso de Richard Swing, donde se crearon necesidades inexistentes para justificar pagos indebidos con dinero público", advirtió. 

"El Ministerio de Agricultura prácticamente se estaría convirtiendo en el "Ministerio de los Empleos" para este partido vinculado al hermano de la presidente", remarcó.

Caso Vladimir Cerrón 

Asimismo, Ampuero recordó que este tipo de operaciones ya se había detectado en el caso de Vladimir Cerrón, donde personas contratadas mediante órdenes de servicio debían destinar un porcentaje de sus honorarios al partido político. "Esa posibilidad no puede ser descartada en esta investigación", agregó. 

Respecto a Martín Carbajal, personaje cercano a Nicanor Boluarte e involucrado en el caso “Waykis en la sombra”, Ampuero lamentó que continúe obteniendo contratos en el Estado pese a los serios cuestionamientos en su contra. 

"Lo que refleja esta insistencia es el nivel de confianza y cercanía con el círculo de poder, donde los antecedentes e investigaciones no son tomados en cuenta", afirmó.

Finalmente, enfatizó que los fondos públicos pertenecen a todos los peruanos y no a intereses de gobiernos de turno o partidos políticos.

"La Contraloría y el Ministerio Público deben actuar inmediatamente, revisar el perfil profesional del contratado, verificar si la orden de servicio fue hecha a medida, y determinar si hubo daño al erario", concluyó.