Delia Espinoza denuncia a Santiváñez por negociación incompatible

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La denuncia fue dirigida al presidente del Congreso, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución y el reglamento parlamentario.

Según el documento oficial, Espinoza acusa a Santiváñez de haber incurrido en actos que comprometen la imparcialidad y legalidad en el ejercicio de su función como ministro del Interior, en perjuicio del Estado. El ilícito penal se encuentra tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Fundamento legal de la denuncia constitucional

La fiscal fundamenta su acción en el artículo 99 de la Constitución Política, así como en la Ley N.° 27399, el numeral 1 del artículo 450 del Código Procesal Penal y el artículo 89 del reglamento del Congreso. En el petitorio del documento, se precisa que la denuncia se presenta en la modalidad de delito contra la administración pública.

El tipo penal de negociación incompatible hace referencia a situaciones en las que un funcionario público se interesa, directa o indirectamente, en contratos u operaciones en los que interviene por razón de su cargo, generando un conflicto entre el interés público y el interés personal o de terceros.

Contexto político y relación con denuncias periodísticas

Aunque el documento presentado por la fiscalía no lo menciona explícitamente, la denuncia coincide temporalmente con la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que reveló la existencia de una presunta maquinaria dedicada a mejorar la imagen pública del actual ministro de Justicia. Este esquema, según la investigación periodística, habría tenido vínculos con decisiones adoptadas durante la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los elementos presentados en dicho reportaje forman parte del sustento probatorio incluido en la denuncia constitucional. No obstante, el caso ha generado atención en el Congreso y en los círculos políticos por el posible trasfondo institucional y de redes de poder dentro del Ejecutivo.

Siguiente etapa en el Congreso de la República

Con la presentación formal de la denuncia constitucional, corresponde ahora al Congreso evaluarla en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este grupo de trabajo deberá admitir o rechazar el caso para su análisis de fondo, lo que podría derivar en una eventual inhabilitación política o responsabilidad penal para el exministro.

De ser admitida, se iniciaría una fase de investigación que incluiría el descargo del denunciado, la revisión de pruebas y la emisión de un informe final con recomendaciones. El proceso podría culminar en una votación en el pleno del Congreso, según lo establecido en los procedimientos para altos funcionarios.