Fuad Khoury cuestiona gasto de S/900 mil en oficina de Santiváñez

El excontralor general de la República, Fuad Khoury, lanzó duras críticas contra el gobierno de Dina Boluarte por el manejo presupuestal y normativo desde el despacho presidencial. En una entrevista para el programa Cuentas Claras de Canal N, Khoury advirtió que la reciente directiva que permite a funcionarios de Palacio recibir regalos, así como el presupuesto asignado a la oficina del exministro Juan José Santiváñez, representan retrocesos alarmantes en la transparencia del Estado.

Desde su experiencia como máxima autoridad del sistema de control público, Khoury pidió al Ejecutivo explicar qué se hace con los casi S/900 mil asignados a la oficina de Santiváñez, instalada en Palacio.

“Necesitamos saber cuál es la rentabilidad de ese dinero”, reclamó. En su opinión, el gobierno está obligado a mostrar resultados concretos del uso de recursos públicos, y no limitarse a justificar con generalidades la existencia de nuevas oficinas o cargos.

Una oficina con presupuesto millonario, sin rendición clara

La Oficina General de Monitoreo Intergubernamental fue creada durante el mandato de Dina Boluarte y ha sido encargada al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fue censurado por el Congreso.

Desde su instalación, esta dependencia ha contratado personal exclusivo y bien remunerado. Según el reportaje del dominical Cuarto Poder, sus especialistas reciben S/11,970 mensuales, mientras que los analistas perciben S/7,135. A esto se suma un asesor FAG con un sueldo superior a los S/15 mil.

Khoury cuestionó la falta de explicaciones públicas sobre el verdadero objetivo de esa oficina.

“No basta con decir que se trata de coordinación. ¿Qué clase de información coordina? ¿Con qué resultados tangibles? ¿A favor de quién?”, se preguntó.

Además, puso el foco sobre las visitas de alcaldes que fueron posteriormente beneficiados con asignaciones millonarias en un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

Un despacho paralelo con poder creciente

Para el excontralor, la creación de una oficina como la de Santiváñez no puede desligarse del contexto político. Señaló que los vínculos del exministro con alcaldes que luego accedieron a financiamiento público sugieren la necesidad de un escrutinio mucho mayor.

“El Estado no puede permitir que se repita la lógica del clientelismo con fondos públicos, menos aún desde el corazón del Poder Ejecutivo”, advirtió.

Khoury también llamó la atención sobre el hecho de que esta oficina parezca haber adquirido un peso similar —o incluso mayor— que la propia Presidencia del Consejo de Ministros. Dijo que eso evidencia un desbalance institucional que podría afectar la gobernabilidad y el control interno del Ejecutivo.

“Esto va más allá de la legalidad administrativa, estamos hablando de ética pública y uso legítimo del poder”, enfatizó.

Regalos sin límites: un retroceso normativo

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el análisis de la nueva directiva 004-2025, aprobada por el despacho presidencial en menos de 24 horas. Este documento autoriza la recepción de regalos, donaciones, cortesías y beneficios por parte de la presidenta y sus funcionarios más cercanos, sin límites de valor ni control externo obligatorio.

Para Khoury, esta norma contradice frontalmente el Código de Ética del Funcionario Público y representa un riesgo concreto de corrupción institucional. “Recibir regalos sin restricciones es una práctica prohibida en todo el mundo. No hay justificación técnica ni política para abrir esa puerta en el Perú”, sostuvo.

El excontralor explicó que aceptar obsequios, incluso por motivos personales como aniversarios o logros profesionales, crea un conflicto de interés inmediato. “Basta que se reciba un regalo para que exista la sospecha de una dádiva a cambio de favores. Eso genera opacidad, debilita el control y fomenta la corrupción”, afirmó.

Legalidad cuestionada y contradicciones internas

La directiva, elaborada por el entorno más cercano a Dina Boluarte y aprobada por funcionarios que también gestionaron su reciente aumento de sueldo, ha sido blanco de críticas desde distintos sectores. Khoury subrayó que esta coincidencia de funcionarios evidencia la existencia de un círculo de confianza que toma decisiones clave sin suficiente fiscalización ni equilibrio de poder.

Adicionalmente, cuestionó que la norma contradiga su propio articulado. Mientras el artículo 8 prohíbe la recepción de regalos, el artículo 11 habilita múltiples excepciones, muchas de ellas abiertas a interpretación.

“¿Qué significa recibir presentes por costumbre cultural o laboral? ¿Quién fiscaliza eso? ¿Dónde queda el principio de rendición de cuentas?”, preguntó.

Impacto en la institucionalidad y precedente peligroso

Khoury fue más allá de la legalidad y apuntó al efecto social y político que estas decisiones pueden generar. Advirtió que, de mantenerse vigente esta directiva, se corre el riesgo de que funcionarios de otros niveles exijan las mismas condiciones.

“¿Por qué un funcionario en una municipalidad no va a pedir lo mismo? ¿Acaso el principio de equidad no aplica en el Estado?”, planteó.

Recordó que incluso en el sector privado existen topes y mecanismos formales para declarar y administrar regalos.

En ese sentido, dijo que es inaceptable que una entidad pública como el despacho presidencial flexibilice estas reglas, especialmente cuando su titular está siendo investigada por casos de relojes, cirugías y otros beneficios de origen cuestionado.

“La corrupción es rentable porque no hay castigo”

Khoury abordó, además, el vínculo entre corrupción e inseguridad ciudadana, un tema que consideró urgente.

“En el Perú, la corrupción ha generado la inseguridad porque no hay sanción. Es rentable porque el corrupto rara vez paga consecuencias. Esa impunidad es el cáncer de nuestras instituciones”, sentenció.

Citó encuestas recientes que colocan a la corrupción como uno de los principales problemas del país, junto con la delincuencia. Para él, ambos fenómenos están conectados por una misma raíz: la ausencia de controles eficaces.

“El crimen organizado se fortalece en contextos de corrupción. La minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas avanzan cuando el Estado falla”, sostuvo.

Pide respuestas inmediatas al Ejecutivo

En la parte final de su intervención, Fuad Khoury fue categórico al exigir que la presidenta Boluarte y el primer ministro aclaren públicamente el rol y los resultados de la oficina de Santiváñez.

“El país necesita saber qué se hace con el dinero que pagamos todos los días. No se puede seguir actuando como si no hubiera un país vigilante”, concluyó.

El excontralor Fuad Khoury cuestionó duramente la legalidad y legitimidad de la directiva que permite a Dina Boluarte y sus funcionarios recibir regalos sin límite de valor, al advertir que vulnera principios básicos de integridad pública. También exigió transparencia sobre el gasto de casi S/900 mil anuales en la oficina de Juan José Santiváñez, instalada en Palacio de Gobierno.

Afirmó que el Ejecutivo debe rendir cuentas a los peruanos y justificar con resultados concretos el uso de fondos públicos. Khoury vinculó además la corrupción con el crecimiento de la inseguridad, y señaló que la impunidad ha convertido a la corrupción en un negocio rentable sin sanción ni consecuencias.