Katherine Ampuero cuestiona filtros en entidades públicas

La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero cuestionó severamente la contratación de personas investigadas por delitos como cohecho y corrupción de funcionarios dentro del Estado.

En entrevista con Canal N, calificó como “cuestionable” que PronaTel haya contratado por 42 mil soles a un implicado en la supuesta red criminal de la exfiscal Patricia Benavides.

Ampuero remarcó que cualquier ciudadano que desea trabajar en el Estado es sometido a revisión de antecedentes judiciales y policiales.

“Es inaceptable que alguien investigado por corrupción pueda brindar servicios al Estado, y más aún con remuneraciones altas”, expresó.

Falta de filtros y favoritismo dentro de las instituciones públicas

Para Ampuero, el problema no radica solo en la falta de una ley específica, sino en el incumplimiento de normas internas sobre idoneidad en la contratación.

Señaló que muchas entidades públicas omiten deliberadamente verificar antecedentes cuando existe cercanía política o amiguismo, lo cual genera procesos hechos “a la medida” del contratado.

Recordó otros casos emblemáticos, como el de Richard Swing durante el gobierno de Martín Vizcarra, como ejemplo de cómo se crean necesidades ficticias y perfiles adaptados al currículo del postulante. “No les interesa si cumplen o no con el perfil. Importa más a quién conocen”, criticó.

PronaTel, MTC y Contraloría bajo responsabilidad por omisiones

Ampuero consideró que tanto PronaTel como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deben pronunciarse sobre esta contratación y que la Contraloría General de la República tiene la responsabilidad de fiscalizar este tipo de casos, como ente encargado del uso adecuado de los recursos públicos.

Asimismo, señaló que este tipo de prácticas son una constante en el actual gobierno de Dina Boluarte, aunque aclaró que también ocurrieron en gestiones anteriores. “Lo grave es que se ha normalizado”, advirtió.

Ministerio Público y Procuraduría deben actuar con independencia

Sobre la posibilidad de investigar este caso, Ampuero aclaró que la Procuraduría no necesita esperar a la Contraloría para presentar una denuncia. Frente a una noticia criminal, como esta que ya es pública, puede actuar de inmediato ante el Ministerio Público.

No obstante, lamentó que el propio Ministerio Público también arrastra serias dudas de imparcialidad, al haber contratado personas en situaciones similares.

Mencionó el caso del fiscal supremo Pablo Sánchez, también investigado por corrupción. “El ciudadano no confía porque los fiscales se investigan entre ellos”, concluyó.