Revelan presunta infiltración de minería informal en partidos

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que cinco dirigentes vinculados a la minería informal están afiliados al partido Podemos Perú. La investigación fue ampliada por el diario El Comercio, que identificó que al menos 14 representantes de este sector están inscritos en diferentes organizaciones políticas, incluyendo a Juntos por el Perú, Perú Libre y Renovación Popular.

Estas revelaciones han encendido el debate sobre la influencia de la minería informal en la política peruana, un sector que por años ha estado en el centro de denuncias por actividades ilegales y conflictos socioambientales. La posibilidad de que dirigentes informales accedan a espacios de poder preocupa a diversos sectores.

José Luna niega ilegalidad y defiende afiliaciones

El líder de Podemos Perú, José Luna, respondió a las acusaciones negando cualquier vínculo con actividades ilícitas. “Están mintiendo, porque esos son formales. En mi partido no hay delincuentes”, afirmó categóricamente. Luna defendió la legalidad de los afiliados y desestimó las investigaciones periodísticas.

Por su parte, otros partidos también han salido al frente para defender a sus afiliados. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, señaló que “no todas las personas que están en el REINFO son ilegales” y rechazó que se les catalogue como delincuentes sin pruebas. Desde Juntos por el Perú, el exministro Roberto Sánchez sostuvo que la política debe estar abierta al diálogo con sectores informales en busca de su formalización.

Congreso y REINFO en el centro del debate

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también se pronunció sobre el tema. Indicó que “los ciudadanos tienen derecho a participar, a elegir y ser elegidos” siempre que no tengan requisitorias judiciales. Su posición refuerza la idea de que el Parlamento debe mantenerse como un espacio abierto a la ciudadanía.

Sin embargo, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), donde se encuentran inscritos miles de mineros informales, sigue siendo motivo de cuestionamientos. Críticos señalan que se ha convertido en una vía para blanquear actividades ilegales y facilitar la entrada de representantes de este sector a la política.