Semana de representación: Juárez niega uso de fondos públicos

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se pronunció sobre el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución que ha generado controversia por permitir a los congresistas realizar expresiones políticas durante el periodo electoral sin incurrir en infracción al principio de neutralidad.

En diálogo con Canal N, la legisladora negó que se esté promoviendo el uso indebido de la semana de representación ni la utilización de fondos públicos con fines proselitistas. 

Juárez explicó que la medida busca proteger el derecho de los parlamentarios a expresar sus posturas ideológicas sin ser penalizados por ello, dado que, a diferencia de otros funcionarios, no manejan recursos estatales directamente.

“Los congresistas son políticos por excelencia y deben poder expresar opiniones políticas. Esto no constituye infracción a la imparcialidad”, indicó. 

Sin uso de recursos del Estado 

La parlamentaria aclaró que el dictamen no implica autorización alguna para realizar campañas políticas utilizando recursos públicos.

“Nadie ha hablado de ningún aprovechamiento de recursos del Estado. Nunca. Quienes conocen campañas saben que no se hacen con 2,800 soles”, señaló en alusión a los viáticos que reciben los legisladores en la semana de representación. 

Aseguró que el dictamen fue debatido ampliamente dentro de su bancada y que su espíritu no es otro que evitar sanciones injustificadas por parte del Jurado Nacional de Elecciones contra congresistas que expresen opiniones políticas en ejercicio de su labor. 

Críticas a la desinformación sobre el dictamen 

Juárez también criticó lo que calificó como una “campaña dirigida” para hacer creer que el dictamen permitiría a los congresistas hacer campaña electoral con fondos públicos.

Afirmó que se está distorsionando el contenido del texto aprobado, cuyo único objetivo es proteger la libertad de expresión ideológica durante el proceso electoral. 

La congresista recordó que en años anteriores se han iniciado acciones de fiscalización contra parlamentarios por emitir opiniones políticas, pese a que no administran recursos públicos.

Por ello, insistió en que la norma busca llenar un vacío legal y establecer un trato diferenciado frente a autoridades del Ejecutivo y gobiernos regionales o locales.